Aprobada la Ley de Movilidad Sostenible
El Gobierno salva in extremis la Ley de Movilidad Sostenible tras conseguir un acuerdo con Podemos. La aprobación en el Congreso de los Diputados de esta ley permitirá a España recibir 10.000 millones de euros de los fondos europeos dentro de las reformas pactadas por España con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y es condición necesaria para recibir ese tramo de los fondos europeos Next Generation.
Aunque desde Podemos llevaban amenazando con tumbar la ley si no obtenía un compromiso por escrito del Gobierno de que no habrá ampliación del Prat, finalmente el partido morado ha negociado con el ministro de Transportes, Óscar Puente, un compromiso en este sentido, y se ha abstenido en la votación. Además, la ausencia de un diputado del Partido Popular, de luna de miel, también ha facilitado que la norma terminara aprobándose.
Los 10.000 millones de euros de los fondos permitirían al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible llevar a cabo una de las transformaciones legislativas más ambiciosas de la última década en España, prometiendo un sistema de transporte multimodal, descarbonizado y centrado en las personas. Esta normativa supera el enfoque tradicional del transporte para consagrar una movilidad justa e inclusiva como herramienta clave para la cohesión social y territorial.
Uno de los cambios fundamentales que introduce el texto es elevar la movilidad de un simple servicio a un derecho social que los poderes públicos están obligados a garantizar. La ley establece que la movilidad no es un fin en sí misma, sino un medio indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el acceso al empleo, la sanidad o la educación. Este enfoque sitúa la calidad de vida y las necesidades cotidianas del ciudadano, especialmente en zonas rurales o menos conectadas, en el centro de todas las futuras políticas de planificación y de inversión.
Planes de movilidad obligatorios para grandes empresas
Uno de los puntos de mayor impacto directo en la rutina de miles de trabajadores es la obligación de implementar Planes de Transporte Sostenible al Trabajo. Esta medida afecta a centros con un elevado número de empleados, específicamente aquellos con más de quinientas personas trabajadoras o doscientas cincuenta por turno. La ley traslada la corresponsabilidad de la congestión y las emisiones del individuo a las grandes corporaciones, forzándolas a desarrollar soluciones concretas. Entre las alternativas que las empresas deberán impulsar se encuentran el fomento del transporte colectivo, la promoción del vehículo compartido y la movilidad activa, además de estrategias para flexibilizar horarios y fomentar el teletrabajo como medida de racionalización de los desplazamientos.
Una nueva jerarquía urbana que prioriza a peatones y ciclistas
La normativa busca recuperar el espacio público urbano para el ciudadano, invirtiendo la tradicional pirámide de prioridades que históricamente ha favorecido al vehículo privado a motor. El nuevo orden de prelación establece en primer lugar a la movilidad activa —peatones y bicicletas—, seguida del transporte público colectivo, la movilidad compartida y, finalmente, el vehículo privado, priorizando siempre aquellos de menores emisiones. En la práctica, esto supone un mandato para las administraciones locales para diseñar y gestionar las ciudades con el foco en aceras más anchas y carriles bici seguros, relegando al coche a la última posición de la jerarquía.
Rigor en la inversión pública con visión socioambiental
Buscando poner fin a los proyectos de infraestructuras sin justificación económica ni social, la ley introduce un mecanismo de control estricto para las grandes inversiones de competencia estatal. Se exigirá un análisis de rentabilidad socioambiental estricto antes de ejecutar nuevos proyectos, garantizando que los beneficios sociales y medioambientales superen claramente los costes financieros. Esta medida está orientada a combatir la sobreinversión en infraestructuras infrautilizadas y a redirigir los fondos públicos hacia mejoras en la movilidad cotidiana, con especial atención a la red de Cercanías o a la seguridad en las carreteras.
Un “sandbox” normativo para la movilidad del futuro
La Ley de Movilidad Sostenible también mira al futuro con la creación de un Espacio Controlado de Pruebas para la innovación. Este "sandbox" o laboratorio regulatorio permitirá a empresas y administraciones testear de forma segura y controlada tecnologías disruptivas que actualmente no encajan en el marco legal vigente, como la logística con drones o los vehículos automatizados. Este enfoque proactivo facilita la experimentación y el desarrollo de la movilidad digital e inteligente en un entorno real, acelerando la adaptación normativa a las innovaciones que definirán el transporte del mañana.