La nueva Ley de Movilidad Sostenible ha sido calificada como un "punto de inflexión" en España, al transformar la movilidad en un derecho fundamental y crear un marco regulatorio que genera una fuente estructurada de oportunidades de negocio para el sector privado. Este cambio estratégico impulsa la demanda de nuevos servicios y tecnologías en múltiples frentes.
La normativa obliga a municipios de más de 20.000 habitantes, a grandes centros de actividad (hospitales, polígonos) y a empresas con más de 500 empleados a elaborar Planes de Movilidad Sostenible. Esta imposición crea un mercado inmediato y recurrente B2G y B2B de consultoría, tecnología (ZBE, gestión de datos) y servicios de operación (lanzaderas, carpooling corporativo).
Además, la ley fomenta la digitalización al crear el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM) y obliga a la apertura de datos, facilitando el desarrollo de plataformas MaaS (Movilidad como Servicio) y software de valor añadido. También prioriza la innovación mediante la figura del sandbox regulatorio, ofreciendo un entorno seguro para probar vehículos automatizados y nuevos modelos de servicio.
Finalmente, el Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible (FECMO) asegura la financiación de proyectos de inversión y costes operativos, canalizando recursos hacia la modernización de infraestructuras y la descarbonización. Las empresas que se anticipen a estas necesidades liderarán el sector de la próxima década.

