La Ley de Movilidad Sostenible encara su votación en el Congreso con el rechazo de Podemos. La formación morada ha advertido que no apoyará el proyecto si el Gobierno no paraliza las ampliaciones previstas en el aeropuerto de El Prat y en el puerto de Valencia. La secretaria general, Ione Belarra, sostiene que impulsar una norma que pretende situar la sostenibilidad en el centro de la movilidad mientras se autorizan grandes infraestructuras que, según su partido, agravan la crisis climática, es una muestra de incoherencia política.
Desde el Ejecutivo se insiste en que la ley es imprescindible para modernizar el transporte, impulsar la descarbonización y garantizar el acceso a los fondos europeos del Plan de Recuperación, que suman cerca de 10.000 millones de euros. No obstante, fuentes gubernamentales reconocen la dificultad de asumir las exigencias de Podemos, ya que los proyectos de ampliación forman parte de los planes estratégicos de crecimiento económico y logístico.
El pulso político se produce en un momento clave. El PSOE necesita sumar apoyos para sacar adelante el texto en el pleno de la próxima semana. Si Podemos mantiene su rechazo, el Gobierno podría verse obligado a buscar alternativas en partidos regionales o incluso en diputados del Grupo Mixto. El desenlace no solo marcará el futuro de la ley, sino que también pondrá a prueba la credibilidad climática del Ejecutivo y su capacidad para mantener cohesionada la mayoría parlamentaria.
