La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado el proyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, una normativa que actualmente espera el debate, discusión y aprobación en el Senado, y que la entidad ve con potencial para mejorar el transporte, reducir emisiones y potenciar las alternativas al vehículo privado. No obstante, en un comunicado, la OCU advierte de que muchas de las medidas más importantes quedan supeditadas a desarrollos normativos y presupuestarios posteriores, reclamando mayor concreción y ambición en aspectos fundamentales como la conectividad rural, la pobreza en el transporte y una revisión efectiva de las etiquetas medioambientales.
Entre los puntos más destacados y positivos de la ley, la OCU subraya la voluntad de impulsar la infraestructura de recarga eléctrica, un aspecto crucial teniendo en cuenta las carencias actuales. La organización recuerda que ya había alertado sobre la necesidad de ampliar la red de cargadores rápidos de al menos 150 kW, señalando la escasez crítica en varias comunidades autónomas. Sin embargo, apunta que la lentitud en la tramitación de licencias se mantiene como el principal obstáculo para este despliegue.
Otro avance largamente demandado es la revisión de las etiquetas medioambientales de la DGT. La OCU insiste en que el etiquetado debe reflejar la contaminación real de los vehículos en lugar de basarse únicamente en la tecnología del motor, lo que la ley ofrece como una oportunidad para establecer criterios más justos y eficaces.
En el ámbito urbano, se celebra la obligación de crear una red de carriles bici protegidos en municipios con más de 300.000 habitantes. Estos espacios reservados son considerados una excelente iniciativa para modos sostenibles, siempre que su diseño garantice la seguridad, conectividad y eficiencia, siguiendo el modelo de ciudades españolas ya consolidadas en este ámbito.
La normativa también exige a las empresas con más de 200 trabajadores elaborar planes de movilidad sostenible, una medida que puede reducir significativamente los desplazamientos en hora punta, especialmente en las grandes urbes, mediante la flexibilización de horarios y el impulso al teletrabajo, incentivando a su vez el uso de transportes más ecológicos. Finalmente, la OCU destaca las medidas orientadas a la reducción de emisiones y ruido en puertos y aeropuertos, como el suministro eléctrico a aeronaves estacionadas y el fomento de energías alternativas, que tienen un impacto directo en la reducción de la contaminación atmosférica.
Asignaturas pendientes
A pesar de los avances, la OCU identifica varias asignaturas pendientes. La limitación de los vuelos de corta distancia cuando exista una alternativa ferroviaria competitiva —definida como trayectos inferiores a dos horas y media— es un punto interesante, aunque la organización señala que estos vuelos siguen siendo necesarios para conectar rutas de largo recorrido. Además, se echa en falta la combinación de esta medida con ayudas en el precio del tren y mejoras en su calidad y puntualidad.
Respecto a la movilidad en zonas rurales y vaciadas, aunque la ley aborda estas preocupaciones históricas de la OCU, la entidad lamenta que no se fijen objetivos concretos, como frecuencias mínimas de autobús o una cobertura territorial específica. Esta falta de concreción deja la efectividad de las medidas en manos de futuros desarrollos, que dependen de la voluntad política y presupuestaria.
También se critica que no se haya incluido la propuesta de la OCU de crear un bono único para viajes en tren y autobús por toda España, similar al Deutschland-Ticket alemán, una herramienta que, aunque la ley establece el marco técnico para su posible desarrollo futuro, requiere de voluntad política para convertirse en realidad. La misma preocupación surge con el avance en políticas de precios más asequibles y bonificaciones para servicios interurbanos y ferroviarios, cuya implementación concreta queda pendiente de regulación posterior.
Finalmente, la OCU reclama la inmediatez de las ayudas a la compra del vehículo eléctrico. Según la organización, para ser efectivas, estas ayudas deberían concederse en el mismo momento de la adquisición del vehículo, replicando el modelo sencillo y eficaz de planes anteriores como el Pive, tal y como ya se hace en otros países europeos como Italia o Austria.
